Por: InSight Crime
01/11/2016
El término “Cartel de los Soles” es usado para describir a los grupos al interior de las fuerzas de seguridad de Venezuela que trafican con cocaína. Es, en cierto modo, un término engañoso ya que crea la impresión de que hay un grupo jerárquico, compuesto principalmente por oficiales militares, que fija el precio de la cocaína en el país. Hay células en las principales ramas de las fuerzas armadas –el ejército, la armada, la fuerza aérea y la Guardia Nacional, desde el más bajo hasta el más alto nivel– que esencialmente funcionan como organizaciones narcotraficantes. Sin embargo, describirlas como un “cartel” en el estricto sentido de la palabra sería exagerado. No está claro cómo funcionan las relaciones entre esas células, aunque al parecer las rivalidades entre ellas han sido letales en el pasado.
Historia
El término “Cartel de los soles” habría sido utilizado por primera vez en 1993, cuando dos generales de la Guardia Nacional, el jefe antidrogas Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por tráfico de drogas y delitos conexos. Como comandantes de brigada, cada uno llevaba un solo sol como insignia en sus hombros, dando logar al nombre “Cartel del Sol”. Más tarde, cuando surgieron acusaciones de que los comandantes de división –con dos soles por su rango– participaron en actividades de narcotráfico, el término se convirtió en el “Cartel de los Soles”.
En la década de 1990 surgieron acusaciones sobre tropas de la Guardia Nacional aliadas con narcotraficantes, sim embargo, en términos generales, esto principalmente consistía en aceptar sobornos y mirar hacia otro lado mientras los traficantes movían su mercancía. Los militares no tenían conexiones directas con proveedores y en gran parte no movían ni almacenaban cocaína ellos mismos.
Durante la mitad de la primera década del año 2000, elementos de la Guardia Nacional y otras ramas del ejército se hicieron mucho más activos en el tráfico de drogas. Células dentro de las fuerzas de seguridad comenzaron a comprar, almacenar, transportar y vender cocaína, mientras que anteriormente su labor principal era extorsionar a los narcotraficantes que movían cargamentos de cocaína.
Tres acontecimientos significativos contribuyeron al auge del crimen organizado en Venezuela. En primer lugar, Colombia firmó el multimillonario Plan Colombia de seguridad con Estados Unidos, lo que permitió que las fuerzas de seguridad de Colombia presionaran a los grupos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como nunca antes. Esta presión militar obligó a los guerrilleros a mover sus operaciones a los estados fronterizos de Venezuela que eran poco vigilados.
Luego, en 2002 ocurrieron dos hechos claves, uno tras otro. El primero fue el final del proceso de paz entre las FARC y el gobierno del presidente Andrés Pastrana, con lo cual la guerrilla perdió su enorme santuario en el sur de Colombia, viéndose obligada a buscar otros refugios. El segundo fue el intento de golpe de estado que removió temporalmente al presidente Hugo Chávez del poder. Esto llevó a Chávez a centrar gran parte de su energía en la identificación y sanción de los golpistas, mientras lideraba otras intensas batallas políticas, como la huelga petrolera de 2002-2003.
Las consecuencias del golpe llevaron al gobierno de Chávez a reforzar su círculo de confianza, lo cual también significó que muchas posiciones influyentes en el gobierno o las oportunidades lucrativas de contratos les fueron otorgadas a militares leales. Se dio la sensación de que el gobierno asumió una posición de régimen pretoriano, con militares retirados o en servicio ocupando cargos importantes en estamentos del Estado.
Chávez también estableció áreas de operaciones militares a lo largo de la frontera, invocando el temor a una invasión estadounidense desde la frontera con Colombia. Se cree que fue en ese momento cuando efectivos tanto del ejército, como de la Guardia Nacional, se corrompieron por el narcotráfico.
El término “Cartel de los Soles” saltó de nuevo a la palestra gracias al periodista y concejal municipal Mauro Marcano, en 2004. Antes de ser asesinado a tiros, él acusó al comandante de brigada de la Guardia Nacional y director de inteligencia Alexis Maneiro, y a otros miembros de la Guardia Nacional, de vínculos con el narcotráfico. El caso de Marcano sugirió una corrupción sistemática en la Guardia Nacional; sin embargo, el gobierno hizo un esfuerzo poco entusiasta para investigar su asesinato. No se abrió investigación contra Maneiro, y fue trasladado a una posición menos visible.
Durante este tiempo, hubo otras señales de que el narcotráfico estaba aumentando en Venezuela. En 2004 se llevaron a cabo una serie de incautaciones récord de drogas en el país: 32 toneladas de cocaína y 12 toneladas de heroína y marihuana. La participación de los militares facilitando la circulación de la cocaína también fue objeto de investigación en agosto de 2004, cuando varios oficiales le tendieron una trampa a tres pasajeros de un vuelo (entre ellos un ciudadano estadounidense) por narcotráfico en el aeropuerto internacional de Caracas. Otros funcionarios de la Guardia Nacional fueron detenidos en un caso separado, cargando cocaína en un avión privado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Este tipo de incidentes resaltó el papel de los militares en el narcotráfico, y su tendencia a apoderarse de cargamentos de drogas sólo cuando no habían recibido los respectivos sobornos.
En 2005 sucedió otro hecho que contribuyó al fortalecimiento de las redes del crimen organizado en el país, cuando Chávez acusó a la Administración para el Control de las Drogas (DEA por sus iniciales en inglés) de espionaje. Esto puso fin a los proyectos antinarcóticos financiados por Estados Unidos, incluyendo una de las iniciativas que pudo haber actualizado la tecnología de Puerto Cabello, uno de los puntos de salida para los cargamentos de drogas más importantes del país.
Otro incidentes –como el de la “narcoavioneta” en 2011– también alimentaron la impresión de que había complicidad con el crimen organizado dentro de los más altos niveles del gobierno y el ejército. Se descubrió que una pequeña avioneta capturada en el estado de Falcón, que cargaba unos 1.400 kilos de cocaína, había desoegado de la base militar La Carlota en Caracas en agosto de 2011. Portavoces del ejército, la fuerza aérea y el gobierno presentaron diferentes explicaciones sobre el incidente.
Otro caso que comenzó en septiembre de 2013, esta vez involucrando a una aerolínea comercial, resultó en el arresto de 28 personas, incluyendo a un teniente coronel y a otros miembros de la Guardia Nacional. El 10 de septiembre, un avión de Air France atterizó en París con 1,3 toneladas de cocaína abordo, empacadas en 31 maletas. El avión había despegado del aeropuerto de Maiquetía en Caracas, el cual está controlado por la Guardia Nacional. Inmeditamente resultó claro que existía una extensa colaboración por parte de los miembros del ejército, pero a pesar de que se arrestaron a varios miembros de la Guardia Nacional conectados con el caso, todos eran oficiales de bajo rango.
En el 2014, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) nombró al exjefe de inteligencia Hugo Armando Carvajal Barrios, quien posteriormente fue arrestado por fuerzas de seguridad en Aruba bajo requermiento de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, fue dejado en libertad rápidamente después de la intervención del gobierno holandés.
A este incidente le siguieron otros escándalos en 2015 cuando Leamsy Salazar, exjefe de seguridad presidencial de Chávez, acusó al entonces presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello de ser uno de los líderes del Cartel de los Soles, y dos expolicías de alto nivel fueron acusados de narcotráfico por Estados Unidos. En agosto de 2016, Estados Unidos abrió acusaciones federales en contra del exdirector general de la Agencia Antidrogas de Venezuela, Néstor Luis Reverol Torres, y al exsubdirector de esa agencia, Edylberto José Molina Molina. El día después de que las acusaciones se volvieran públicas, el presidente venezolano Nicolás Maduro nombró a Reverol como el nuevo ministro de Relaciones Interiores.
Liderazgo
No existe un árbol genealógico para una estructura tan nebulosa como la del Cartel de los Soles, solamente una lista de nombres publicada por la OFAC y mucha especulación. Parece ser evidente que todas las ramas principales de las fuerzas armadas –la Guardia Nacional, el ejército, la armada y las fuerzas aéreas– tienen facciones que trafican drogas. Mientras que a veces parece que trabajan en conjunto, también hay evidencia de que hay rivalidad entre ellas y hasta robo de cargamentos (una práctica conocida como “tumbes”). Ha habido informes de una facción narcotraficante dentro del ejército compuesta por oficiales involucrados en el intento de golpe de estado de 1992, un grupo informalmente conocido como el “Cartel Bolivariano.”
Uno de los más claros indicios de que funcionarios de alto nivel en las fuerzas de seguridad han estado involucrados en el crimen organizado sucedió en 2008, cuando la OFAC anunció sanciones contra las siguientes personas:
Hugo Armando Carvajal Barrios, director de inteligencia militar en ese entonces.
Henry de Jesús Rangel Silva, a quien Chávez nombró comandante de las fuerzas armadas y ministro de defensa en enero de 2012.
Ramón Emilio Rodríguez Chacín, exministro de interior y justicia.
En septiembre de 2011, la OFAC sancionó a otros cuatro funcionarios venezolanos, según informes basados ??en evidencia recuperada de los portátiles encontrados en el campamento del asesinado comandante de las FARC Raúl Reyes:
Cliver Antonio Alcalá Cordones, más tarde nombrado como jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guyana del Ejército (REDI Guyana).
El congresista Freddy Alirio Bernal Rosales, exalcalde de Caracas.
El oficial de inteligencia Ramón Isidro Madriz Moreno.
Amílcar Jesús Figueroa Salazar, un político descrito como “un traficante de armas para las FARC […] y un contacto principal para los líderes de las FARC asentados en Venezuela”.
Los partidarios del gobierno de Chávez han sostenido que la lista de la OFAC se basa en evidencia débil de los portátiles de las FARC, y que no existe ninguna prueba concreta de que este Cartel de los Soles en realidad esté llevando a cabo operaciones criminales. Otros han criticado a la lista de la OFAC como una herramienta política utilizada para calumniar al régimen de Chávez y al de su sucesor, el actual presidente Nicolás Maduro.
No obstante, cabe destacar que las fuerzas de seguridad no llevaron a cabo investigaciones totalmente transparentes sobre la presunta mala conducta de Maneiro, Alcalá y otros cuando tuvieron la oportunidad. También cabe destacar que mientras Venezuela a acusado a algunos miembros de bajo nivel de las fuerzas armadas por crímenes de drogas, miembros de alto nivel acusados de participación en el narcotráfico parecen recibir protección oficial.
Geografía
Se cree que los elementos del ejército que están más profundamente involucrados en el tráfico de drogas en Venezuela se concentran a lo largo de la frontera con Colombia, especialmente en los estados de Apure, Zulia y Tachira. El poder de esas células viene de su acceso a los principales aeropuertos, controles viales y puertos de Venezuela, incluyendo Puerto Cabello en el estado de Carabobo.
Los cargamentos de cocaína se compran en los estados fronterizos de Apure y Zulia o en los departamentos fronterizos de Colombia. Debido a que hay bajo suministro de dólares en Venezuela y que el bolívar está frecuentemente devaluado en el mercado negro, es raro que estas compras involucren dinero en efectivo. La cocaína a veces se cambia por armas, especialmente en acuerdos con las FARC. De otra manera, los venezolanos actúan como socios con tradicantes colombianos y acuerdan dividr las ganancias de las ventas de cocaína en el extranjero.
Las rutas más populares son por vía aérea hacia República Dominicana y Honduras. Otra ruta es transportar la cocaína por tierra a Surinam, después por aire o barco a África Occidental y de ahí hacia Europa. Cuando se mueve por vía terrestre, la cocaína normalmente se almacena en fincas y granjas locales que pertenecen a contactos civiles.
Aliados y Enemigos
Se cree que estas organizaciones militares consiguen una parte de su cocaína del grupo guerrillero de Colombia, las FARC, especialmente del Bloque Occidental y del Bloque Magdalena Medio.
La Guardia Nacional también trabajó con el narcotraficante civil Walid Makled para mover sus cargamentos de droga desde Venezuela. Makled también dijo haber trabajado con decenas de altos funcionarios militares. Pero, si bien parece que la Guardia Nacional y el Ejército utilizaron a Makled como su “agente” para organizar el movimiento de cargamentos de cocaína fuera del país, no hay conexión entre estas dos facciones de las fuerzas de seguridad. Las dos han luchado, robándose cargamentos de cocaína entre sí y luego reportándolos como incautaciones. Pero es raro que las incautaciones de cocaína reportadas sean destruidas en su totalidad –usualmente son traficadas nuevamente-.
Después del arresto de Makled en Colombia en 2010 y su extradición a Venezuela en 2011, parece que los elementos corruptos de las fuerzas han cooptado más o menos exitosamente sus redes de narcotráfico en el Estado Zulia. El Cartel de la Guardia Nacional, por su parte, es más fuerte en otras regiones del Occidente de Venezuela, incluyendo la zona de frontera con los departamentos colombianos de Arauca y Norte de Santander.
También es posible que miembros del Cartel de los Soles cuenten con la complicidad, y hasta con la participación activa, de elementos de alto nivel del gobierno civil de Venezuela. En 2016, por ejemplo, dos sobrinos de la primera dama de Venezuela Cilia Flores fueron enjuiciados por cargos de drogas en una corte federal de Estados Unidos. Un agente de la DEA posteriormente testificó que los sobrinos habían planeado un acuerdo de tráfico de drogas que había sido facilitado por el hermano de Cilia Flores, Bladimir. A lo largo del juicio, ha surgido evidencia que sugiere que los sobrinos podrían haber actuado como cobertura política para el Cartel de los Soles.
Perspectivas
A pesar de que Estados Unidos se ha esforzado en arrojar luz a las actividades del Cartel de los Soles en los últimos años e incluso ha sancionado y acusado a algunos de sus presuntos miembros, el gobierno venezolano no ha realizado investigaciones serias ni ha procesado a alguno de esos sospechosos. De hecho, en algunos casos ha ascendido a los oficiales del ejército involucrados en narcotráfico.
Existen indicaciones de que miembros del ejército han profundizado su participación en el narcotráfico en los últimos años. De simplemente facilitar el narcotráfico a traficar drogas ellos mismos. Dado que la crisis económica y política de Venezuela está empeorando, parece probable que las operaciones del Cartel de los Soles continuarán sin impedimentos, e incluso podrían expandirse.
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