Por: Semana
17/07/2019
Por iniciativa del Ministerio de Justicia, se tramitó una reforma que eliminó 12.000 leyes obsoletas. En el paquete se incluyó la Ley 600, procedimiento que usa la Corte Suprema de Justicia para procesar a los congresistas. Presidente Duque estaría alistando objeción para resolver el entuerto.
Por agotamiento de su objeto, desuso, obsolescencia, anacronismo o incompatibilidad con la Constitución, el Congreso de la República eliminó el pasado mes de junio 10.667 leyes trasnochadas. Se trataba de normas inútiles que habían sobrevivido incluso siglos en el purgatorio del ordenamiento jurídico, sin uso práctico pero sin acta de defunción. La iniciativa venía cocinándose en el Ministerio de Justicia desde la época de Germán Vargas Lleras pero por la labor titánica que ello implicaba finalmente el proyecto de ley con el listado de normas a sepultar se concretó con el exministro Enrique Gil Botero, en el Gobierno Santos, y contó con la bendición de su sucesora Gloria María Borrero, ya en el Gobierno Duque.
Pero el que sería un gran error acaba de ser advertido. Después de tantos años de análisis para la escogencia de esas normas caducas, el Congreso de la República terminó derogando en ese gran paquete la Ley 600, es decir el procedimiento legal bajo el cual la Corte Suprema de Justicia procesa a los aforados en Colombia. En el listado de leyes obsoletas se incluyó esta norma pese a que está totalmente vigente para el procesamiento de congresistas, magistrados y otros altos dignatarios con fuero constitucional.
Listado de leyes depuradas tomado del registro del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Muchos comienzan a llamar esta derogatoria como un "mico". En opinión de expertos y abogados implicaría que si el presidente Iván Duque sanciona la ley con que se da sepultura a las normas caducas los aforados que están siendo procesados por la Corte Suprema de Justicia quedarían en un limbo.
Algunos abogados opinan que estos procesos tendrían que ser resueltos bajo el Código de Procedimiento Penal anterior, es decir, quedarían cobijados por el decreto 2700 de 1991. Otros consideran que habría que tomar una especie de medida mixta en donde se extraigan las normas que les son más favorables, de las contenidas en el sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004). En síntesis, esos procesos penales en los que están envueltos los aforados entrarían en un profundo caos.
En contexto: Estas son las 10.600 leyes inútiles y obsoletas que se eliminarán
Al enredo se añade el hecho de que aún miles de procesos en Colombia se rigen por la Ley 600, dado que los presuntos hechos delictivos ocurrieron con anterioridad al 2004. Y que en Colombia hay despachos de jueces y fiscales especializados en este tipo de casos que ahora quedarían también en un limbo.
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Sobre la controversia el exministro de Justicia Enrique Gil Botero manifestó a SEMANA que se está haciendo "una mala interpretación" de la norma que aprobó el Congreso. Según él, la Ley de depuración normativa no derogó la Ley 906 del 2004, lo que implica que está en firme el artículo 533 en donde se establece que el sistema penal para el juzgamiento de aforados seguirá siendo la Ley 600.
"En síntesis, la Ley 600 del 2000 no se deroga sino que se declara la pérdida de vigencia porque ocurrió una derogatoria orgánica por cuenta de la entrada en vigencia de la Ley 906 del 2004. Sin embargo, mantiene la vigencia de la Ley 600 del 2000 para los aforados. Insisto, debe tenerse claro que la ley de depuración no deroga la Ley 600 ni la Ley 906, solo complementa la Ley 600 para ratificar que no aplica para lo que no fue regulado en la ley 906", indicó el exministro.
"Este es un tema que fue estudiado y aprobado por la Sala de Consulta del Consejo de Estado, la Comisión Técnica de la Universidad del Rosario, dimos este debate con senadores y congresistas, a través del ponente Eduardo Enríquez Maya", exministro Enrique Gil Botero.
Aunque para Gil Botero, la Ley 600 se continuará aplicando para aforados constitucionales por cuenta de la excepción creada en la 906, hay abogados que alertan porque el ministerio y el Congreso lo que hicieron fue quitarle piso al actual sistema de juzgamiento para los aforados. Además, tampoco queda claro qué pasará con los procesos penales contra el resto de ciudadanos no aforados por hechos anteriores al 2004, los cuales no están cobijados por la excepción del artículo 533 de la Ley 906.
Resulta también difícil de explicar por qué los pormenores de esta derogatoria no quedaron expresados en la exposición de motivos así como tampoco existen artículos aclaratorios que indiquen su alcance. El único fundamento para tumbar este paquete de leyes está basado en su inutilidad dado que se expidió una nueva norma que regula la materia.
Fuentes le confirmaron a SEMANA que el presidente Iván Duque está pensando una objeción parcial a este punto. En todo caso, si el presidente no toma cartas en el asunto, seguramente será la Corte Constitucional la que termine pronunciándose de fondo sobre el alcance de la Ley de depuración normativa.
Ahora bien, en la Corte Suprema de Justicia tienen los pelos de punta. Magistrados de la Sala Penal indicaron que en caso de que Duque no objete podrían proceder hasta a declarar una excepción por inconstitucionalidad para inaplicar la ley mientras sus colegas de la Constitucional se pronuncian de fondo.
En una carta enviada por la corte a la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño, los magistrados advierten que un total de 848 expedientes que se tramitan en la Corte Suprema de Justicia se quedarían sin sistema de juzgamiento. De estos, 237 están en la Sala de Casación Penal; 520 están en la Sala Especial de Instrucción y 91 en la Sala Especial de Primera Instancia.
Según el abogado Ramiro Bejarano, lo que ocurrió es un "disparate" que muestra la "indolencia con la que se está legislando". "Esa Ley 600 es la que se usa para juzgar aforados, lo cual demuestra que no es una ley obsoleta porque está en plena aplicación. Me parece que haber incluido esta en el listado o es un descuido gigantesco del Legislativo y del Gobierno, o a lo mejor hay alguien que quiere crear un caos normativo diciendo que no hay norma para juzgar a aforados y crear una situación de inseguridad jurídica".
El penalista Alejandro Sánchez considera que es necesario que Colombia actualice etapas procesales a la Ley 906 y se adecúen las estructuras de la Fiscalía para que se acople a la 906. "La institución de la Ley 600 por ser inquisitiva no es convencional, no respeta los parámetros del debido proceso", indicó. No obstante, Sánchez reconoce que este debate debe darse de frente al país.
El abogado Ricardo Calvete, asegura que desconoce la determinación del Congreso, no obstante califica de "complicado" que se derogue la Ley 600. "Si se pensara en decir que se les aplicará la Ley 906 a los aforados habría que pensar en un sistema de transición ya que ello amerita cambios de fondo. En los casos de aforados ante la corte no participa la Fiscalía; solo en esto hay un problema bastante profundo", advierte.
Cuando salió aprobada por el Congreso, el Ministerio de Justicia declaró este trámite como un hito en la historia del país. No obstante, el tema tiene en máxima alerta a abogados y al Gobierno, que intenta medir el impacto antes de ponerle la firma a esta ley ordinaria.
