Por: El colombiano
23/08/2019
Ciudadanos colombianos empezaron a llegar a Panamá con lingotes de oro. Eso alertó al Ministerio Público del vecino país que veía con desconfianza cómo cada vez más personas, y con más frecuencia, reportaban en el aeropuerto de Colón, oro proveniente de Bogotá, Barranquilla, Palmira y Bucaramanga.
Así que apoyados en el acuerdo que firmaron el 31 de mayo pasado el fiscal general de la Nación (e), Fabio Espitia Garzón, y la procuradora General de la Nación de Panamá, Kenia I. Porcell, con el propósito de fortalecer la relación bilateral y la lucha contra la criminalidad organizada, ambas autoridades se pusieron en contacto para desmantelar lo que suponían era una organización criminal.
Iniciaron entonces los seguimientos a los sospechosos y encontraron que los lingotes eran pasados por los controles con la complicidad de funcionarios de los aeropuertos colombianos que cumplían funciones de aduanas, migración o seguridad.
Las cámaras de vigilancia muestran cómo Yobany Flórez Arango, empleado de Migración Colombia adscrito al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira, recibe un lingote de oro en uno de los baños públicos del aeropuerto y luego pasa por los controles de seguridad sin levantar sospechas, ya en la sala de abordaje se encuentra con la mujer que debe transportar el oro hasta Panamá, allí como evidencia de la entrega se toman una fotografía.
De acuerdo con Andrés Jiménez, delegado contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía de Colombia, cada funcionario que realizaba esa intermediación recibía entre dos y tres millones de pesos. Una vez en Panamá, los lingotes del metal precioso eran reportados en la aduana para venderlos de manera legal.
Otra modalidad que utilizaban era camuflar el oro mimetizándolo en accesorios como cadenas, correas de bolsos, pulseras y llaveros, para pasar desapercibidos por los controles de seguridad.
Origen y destino
Desde hace varios meses personas conocedoras del tema han alertado acerca de cómo correos humanos llevan el oro explotado ilegalmente en Colombia hacia Panamá.
La investigación de la Fiscalía da cuenta que el origen del metal que se contrabandea es Antioquia, Santander y la región del Magdalena Medio; una parte sale directamente de las minas, y otra parte de fundidoras de oro que lo acopian con técnicas ya reconocidas por las autoridades y divulgadas por EL COLOMBIANO en la investigación “Tras el oro turbio”.
“Para exportar el oro de manera legal es necesario un certificado de origen, como no lo consiguen, deben sacarlo como contrabando”, explicó Jiménez.
Con esta práctica, además de los daños ya conocidos al medio ambiente y la financiación de grupos armados organizados que violan derechos humanos, el país pierde renta minera, regalías e impuestos de renta que nadie paga.
Una vez en Panamá, el oro es vendido exclusivamente a las comercializadoras Gold América, con 65 años en el mercado, y Alpha Trading, con 25, ubicadas en Colón, según fuentes oficiales. Allí reciben en forma de pago joyas italianas que llegan a Colombia de la misma manera en que salieron, para ser vendidas en una red de joyerías de los cabecillas de la organización criminal “Los Quilates” ubicados en Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Cali y otras capitales.
Los resultados
Ocho personas fueron capturadas en Santander, Valle del Cauca y Atlántico. Se trata de los presuntos articuladores de la estructura Fernando Villamizar Parada, su esposa Verenice Cáceres Borrero, y Frantz Ramírez Jones; la supuesta coordinadora Carolina Valle Salomón; Elvis Monzón Gómez, uno de los presuntos comercializadores de las joyas de oro italiano; Ernesto Andrés Montenegro Chaparro y Nasly Sofía Cohen Palma; y Flórez Arango, el funcionario del Aeropuerto de Palmira.
Todos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, ante quienes se allanaron a los cargos y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y contrabando.
En las diligencias de registro y allanamiento realizadas por el ente investigador se incautaron 1.800 millones de pesos en efectivo, 500.000 dólares y cerca de 80 kilogramos de oro puro colombiano, cuyo valor podría ascender a 12 mil millones de pesos.
Así mismo, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio rastreó el patrimonio de los presuntos integrantes de la red e impuso medidas cautelares de secuestro, embargo y suspensión del poder dispositivo sobre 70 bienes (24 inmuebles, cinco sociedades, 11 establecimientos de comercio y 30 vehículos) que serían producto de la actividad ilícita y cuyo valor alcanzaría los 60 mil millones de pesos. Los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales.
