Por: El Espectado
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Según los hallazgos de la Superintendencia, el cartel del tubo funcionó durante 10 años y fue orquestado por tres empresas y cinco personas naturales.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó este jueves, 29 de agosto, que sancionó a dos empresas y cinco personas que participaron en el ”cartel del tubo”, con multas que superan los $12.700 millones.
“Las sanciones fueron impuestas a las empresas American Pipe y Titán, por haber incurrido, durante más de una década (2004-2014), en una conducta concertada, continuada y coordinada para repartirse los clientes de tubería de concreto para alcantarillado en Bogotá D.C. y sus alrededores”, señaló la SIC en un comunicado.
La otra empresa que participó en el mencionado cartel es Tubox, pero la SIC indicó que la investigación contra esta compañía se archivó porque la firma ya caducó.
Las personas sancionadas son funcionarios o exfuncionarios de American Pipe Construction International (APC) y Manufacturas de Cemento Titán S.A.
Ellas son: José Antonio Camargo, gerente general de APC; Juan Pablo Betancourt, exgerente comercial de APC; Hipólito Suárez, exasistente de presupuestos de APC; Fernando Bossio, exgerente general de Titán, y Luz Mila Forero, directora de ventas de Titán.
De acuerdo con la entidad, las empresas implicadas en el cartel “incurrieron en un acuerdo restrictivo de la libre competencia de repartición de mercados (numeral 3 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992), que se concretó a través del establecimiento de porcentajes de descuento que ofrecían a sus clientes”.
Esta estrategia “afectó el fin del Estado de garantizar el acceso al servicio público esencial de alcantarillado y por ende disminuyó el bienestar de los compradores y consumidores como resultado de precios artificialmente altos y asignación de clientes entre los oferentes”, puntualizó la Superintendencia.
La existencia del “Cartel del Tubo” se conoció porque American Pipe solicitó ser cobijada en el programa de Beneficios por Colaboración en calidad de delator. La empresa le confesó a la SIC su participación en esta acción irregular, y aportó documentos que permitieron ahondar en la investigación del caso.
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La Superintendencia benefició a American Pipe con la reducción del 100 % del valor de su multa por haber sido el primer delator. También le dio ese beneficio a los tres funcionarios o exfuncionarios de esa compañía.
Contra la sanción interpuesta todavía procede recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio.
