Por: El Espectador
17/06/2019
Un operativo de la policía del país austral permitió dar con los depósitos donde narcotraficantes colombianos guardaban los ingredientes para producir cocaína. A pesar de tratarse de uno de las incautaciones más grandes de la historia de ese país, pasó casi desapercibida.
Los allanamientos fueron contra reloj: el “arrepentido” (delincuente que colabora con la justicia a cambio de beneficios en su proceso) del operativo Narcogolf de la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos en la Argentina había “cantado” hacía ya once meses, quiénes les compraban los precursores químicos, pero a los investigadores les quedaban pocos días para usar esa información antes de que el acuerdo con el “imputado colaborador” venciera.
Los detectives, entonces, irrumpieron en once puntos del Gran Buenos Aires entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. El imputado había dicho la verdad: los gendarmes se llevaron esposados a un hombre y una mujer, según pudo reconstruir El Espectador basado en tres fuentes con acceso a la investigación. Los detenidos les habían vendido las sustancias para elaborar cocaína a los dos colombianos y tres argentinos, vigilados por la agencia antidrogas estadounidense, que pretendían contrabandear la droga hacia Europa.
El juez Juan Pablo Augé ordenó secuestrar los precursores químicos, 2.072 dólares estadounidenses, 29.505 pesos argentinos, dos autos, dos cisternas, tres camionetas, tres camiones —con los que movían las sustancias—, y cuatro armas de fuego.
En total, los policías, apoyados por los especialistas del Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre), secuestraron ni más ni menos que 32 toneladas de sustancias, tanto que para la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, se trató de una de las “incautaciones de precursores más importantes de la historia” del país.
Los químicos declararon ante el juez, reconocieron que vendían esas sustancias en el mercado negro, pero negaron saber que sus compradores fueran narcotraficantes. En sus galpones tenían guardado: 10.400 litros de tolueno, 1.630 litros de metiletilcetona, 1.215 litros de acetato de etilo, 1.000 litros de acetona, 250 kilos de soda cáustica, dos litros de metilisobutilcetona, un litro de alcohol isopropílico y 17.831 litros de otros compuestos.
La investigación en la Argentina comenzó el 28 de agosto de 2017 cuando la DEA le informó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) los planes del oriundo de Caquetá, Héctor Alfonso Cabrera, alias Mandamás, y el nacido en Vichada, Luis Alberto Quintero, encargado de elaborar la cocaína, con tres locales, Sebastián Fargeta, Elías Exeni y Pablo Portas Dalmau, que serían sus nexos para recibir, transportar y procesar la parte del cargamento que quedaría para el mercado interno y la otra parte para enviarla al viejo continente.
El “arrepentido” acordó en julio de 2018 con el juez Federico Villena entregar información a cambio de una reducción de la pena en caso de que un tribunal lo condene a prisión. El involucrado primero explicó que Cabrera, el Mandamás, había ordenado “‘bombardear' 728 kilos de cocaína a través de dos avionetas gemelas en la provincia de Santa Fe”. Luego avisó que “eran 428 kilos para vender en Buenos Aires” y otros “300 kilos para mandar a Europa”. Los detectives solo pudieron recuperar 25 kilos. El magistrado, como publicó El Espectador la semana pasada, envió a los dos colombianos y los tres argentinos a juicio oral por violar la Ley de Estupefacientes y le dio intervención a su par, Augé, para que siguiera con la pista del “imputado colaborador” sobre los vendedores de precursores químicos.
El nuevo golpe que las autoridades argentinas le dieron al narcotráfico a partir de una alerta de la DEA pasó casi desapercibida esta semana en Buenos Aires porque en otra investigación abierta en ese país, también a través de un informe de la agencia antidrogas estadounidense, otro “arrepentido” sacudió los noticieros al reconocer ante el juez Néstor Barral que el Cartel de Cali lavó activos provenientes del narcotráfico en la Argentina.
Por esa revelación, el magistrado procesó a José Bayron Piedrahita Ceballos, lo embargó por 200 millones de pesos argentinos (4,25 millones de dólares estadounidenses), le decomisó bienes por 3,5 millones de dólares y solicitó su extradición desde Miami hacia Buenos Aires. Así, el juez Barral dejó al borde del juicio no solo a El Árabe, como lo conocían en el cartel de los hermanos Rodríguez Orejuela, sino también al exfutbolista Mauricio Chicho Serna y María Victoria Henao Vallejo y su hijo Juan Pablo Escobar, ni más ni menos que la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria, con los que había hecho negocios inmobiliarios con plata sucia.
Pero en la Argentina no solo se asentaron personas cercanas a los líderes de los cárteles de Medellín y Cali sino también del bando del Norte del Valle. De hecho, los investigadores sospecharon que el caqueteño Cabrera y el vichadense Quintero pertenecían a ese grupo. Es más: la idea de triangular cocaína entre Bolivia, Argentina y Europa nació en una reunión que Cabrera y Exeni organizaron en el restaurante “La casa de Camba” de Santa Cruz de la Sierra. A esa ciudad boliviana los narcos del Valle del Cauca movieron su centro de operaciones. Y del negocio que empezó en esa comida ya sintieron un trago amargo siete personas en Buenos Aires.
